Desde UGT hemos trasladado a la Dirección de CaixaBank una iniciativa que consideramos especialmente importante para avanzar en la protección de las familias de nuestra plantilla con hijos e hijas en situación de dependencia.
El pasado 28 de octubre remitimos una propuesta formal solicitando la adaptación del Protocolo de Conciliación de CaixaBank a las nuevas equivalencias legales entre los grados de dependencia y los porcentajes de discapacidad.
¿Qué ha cambiado con la nueva legislación?
La Ley 4/2026, de 1 de octubre, ha introducido una modificación normativa importante al establecer expresamente una equivalencia entre los grados de dependencia reconocidos oficialmente y determinados porcentajes de discapacidad.
Las equivalencias contempladas son:
Dependencia de grado I (moderada): equiparación al 33 % de discapacidad.
Dependencia de grado II (severa): equiparación al 65 % de discapacidad.
Dependencia de grado III (gran dependencia): equiparación al 65 % de discapacidad.
Es importante aclarar que esta asimilación no supone una equiparación automática y general a todos los efectos. La propia ley limita su aplicación a los ámbitos previstos legalmente o por otras normas que expresamente la contemplen.
Por tanto, CaixaBank no está obligada, por la sola entrada en vigor de esta ley, a extender automáticamente las ayudas y medidas de conciliación previstas para situaciones de discapacidad a los supuestos de dependencia reconocida.
Precisamente por ello, desde UGT hemos solicitado que la entidad incorpore expresamente estas equivalencias a sus acuerdos laborales, de manera que puedan traducirse en mejoras reales para las familias afectadas.
¿Qué mejoras concretas hemos solicitado?
A) Ampliación de las ayudas económicas por hijos e hijas con discapacidad
Actualmente, el apartado 8.1 del Anexo I del Protocolo de Conciliación contempla, entre otras, las siguientes ayudas:
6.300 euros brutos anuales cuando el grado de discapacidad es igual o superior al 65%.
5.150 euros brutos anuales, durante los tres primeros años de vida, cuando el grado de discapacidad es igual o superior al 33% e inferior al 65%.
Desde UGT hemos solicitado que estas ayudas se extiendan, con los mismos requisitos y condiciones establecidos en el Protocolo, a las familias con hijos e hijas que tengan reconocida oficialmente una situación de dependencia.
De esta forma:
Grado I de dependencia: acceso a una ayuda de 5.150 € brutos anuales durante los tres primeros años de vida y de 3.400 € brutos anuales a partir de esa edad, en las mismas condiciones y con los mismos requisitos establecidos para los supuestos de discapacidad igual o superior al 33% e inferior al 65%.
Grados II y III de dependencia: acceso a la ayuda de 6.300 € brutos anuales, en las condiciones establecidas para los supuestos de discapacidad igual o superior al 65%.
Además, hemos solicitado que sea suficiente presentar la resolución administrativa que reconoce el grado de dependencia, sin necesidad de tramitar adicionalmente un certificado de discapacidad. Y que en caso de que la persona beneficiaria disponga también de un reconocimiento de discapacidad más favorable, se aplique siempre la condición que más le beneficie, evitando cualquier pérdida de derechos.
B) Ampliación de las mejoras de reducción de jornada
El Protocolo de Conciliación contempla determinadas condiciones especiales para las personas trabajadoras que necesitan reducir su jornada para atender a hijos o hijas menores de 12 años o con discapacidad.
Entre estas mejoras se encuentra la posibilidad de limitar la reducción de jornada a los jueves por la tarde durante el horario de invierno, sin necesidad de alcanzar el mínimo de reducción de un octavo de la jornada ni de realizarla diariamente.
Nuestra propuesta es que esta posibilidad también se reconozca a quienes tengan hijos o hijas con dependencia de grado I, II o III oficialmente reconocida, siempre que concurran los demás requisitos establecidos en el Protocolo.
Con ello pretendemos facilitar la organización familiar y evitar que determinadas necesidades de cuidado queden fuera de las medidas de conciliación por una diferencia en el procedimiento administrativo de reconocimiento.
C) Ampliación de los permisos retribuidos de los jueves por la tarde
También hemos solicitado adaptar las medidas específicas previstas para los jueves por la tarde.
En concreto:
Extender el permiso retribuido de los jueves por la tarde, hasta el tercer aniversario del hijo o hija, a las situaciones de dependencia oficialmente reconocida cuando resulte aplicable la equivalencia legal y se cumplan las condiciones del Protocolo.
Reconocer el disfrute de este permiso retribuido con carácter indefinido cuando el hijo o hija tenga reconocido un grado II o III de dependencia, al quedar equiparado legalmente a una discapacidad del 65%. Esta última medida resulta especialmente relevante para familias que deben afrontar necesidades de atención, supervisión y cuidados continuados.
D) Revisión del resto de permisos y medidas de conciliación
Hemos pedido también una revisión del conjunto de disposiciones del Protocolo de Conciliación y de los acuerdos laborales de CaixaBank vinculados al reconocimiento de una discapacidad o a un determinado porcentaje.
Esta revisión debe prestar especial atención a:
Los permisos retribuidos.
Las vacaciones.
Las excedencias.
Las medidas de flexibilidad horaria.
Cualquier otra disposición destinada a facilitar la atención y el cuidado de hijos, hijas y familiares con discapacidad o dependencia.
El objetivo es que la entidad adapte sus acuerdos a la nueva realidad normativa y garantice una protección adecuada a las distintas situaciones familiares.
Desde UGT consideramos necesaria esta adaptación porque existen familias en nuestra plantilla que afrontan importantes necesidades de atención y cuidado de sus hijos e hijas y que, a pesar de tener reconocido oficialmente un grado de dependencia, pueden encontrarse excluidas de determinadas medidas laborales por no disponer de un reconocimiento específico de discapacidad.
No debemos olvidar que una situación de dependencia puede implicar necesidades permanentes de atención, supervisión, acompañamiento y cuidados, con importantes consecuencias sobre la conciliación de la vida personal y laboral y sobre la economía familiar.
Se trata de aprovechar un avance legislativo para conseguir que nuestro Protocolo de Conciliación sea más justo, inclusivo y coherente con las necesidades reales de las familias.
Para convertir estas reivindicaciones en derechos, necesitamos más fuerza en la negociación
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